ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
Entre 1985 y 1989 ocurrieron en Colombia una serie de asesinatos, desapariciones y secuestros a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, muchos a manos de narcotraficantes y paramilitares, que lograron perpetrar aquellos crímenes con la ayuda de miembros del Ejército y el Estado colombiano.
Los casos conocidos como la toma del Palacio de Justicia y la masacre de La Rochela, tienen según investigaciones, la participación directa del Estado en la ejecución de los hechos, así como la sentencia penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo responsabiliza en las acciones ejecutadas catalogadas como ‘crímenes de lesa humanidad’(Humanos,2014) (Humanos,2007).
Fotos: semana.com
Conmemoración 33 años de la toma del Palacio
de Justicia, 6 de noviembre de 2018. Foto: Luisa Perez
Toma del Palacio de Justicia
La posibilidad de paz con el Movimiento 19 de Abril (M-19), se desvaneció una vez el Gobierno Nacional incumpliera lo pactado en los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984 con la organización.
En dicho documento se estipulaba un cese al fuego bilateral y la búsqueda de una salida política y pacífica al conflicto armado en el país, hecho que motivó la acción violenta que días después tuvo lugar a pesar de las advertencias.
A las 11:45 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros de la compañía Iván Marino Ospina del movimiento M-19, se tomaron por asalto las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá.
Este acontecimiento fue llamado “La Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, y llevado a cabo con el fin de entablarle un juicio público al gobierno de Belisario Betancourt, entonces presidente, para reclamarle por el incumplimiento a la tregua establecida con la organización.
Cerca de 350 personas entre magistrados, consejeros de estado, visitantes y empleados que se encontraban dentro del recinto, fueron tomados como rehenes por la organización guerrillera, liderada por los comandantes Andrés Almarales, Alfonso Jacquin y Luis Otero. Ante el hecho, el Ejército Nacional y la Policía rodearon el edificio, y aunque horas más tarde lograron ingresar a las instalaciones para recuperar el control de la situación, algo que ellos llamaron “la operación rastrillo” o “retoma del Palacio”, esta incursión se convirtió en un desastre inevitable.
Según los testimonios de algunos sobrevivientes, una vez la fuerza pública pisó las instalaciones del Palacio, lo incendiaron y acorralaron de tal forma a los guerrilleros, que la única salida que quedaba era negociar. Sin embargo, los militares se negaron, a pesar de que los rehenes seguían allí.
Al respecto de la retoma del Palacio, el General de tres soles del Ejército Nacional, Rafael Zamudio Molina, envió un claro mensaje a sus tropas: “entiendo que no han llegado los de la cruz roja, por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor consolidar y acabar con todo” (Hagamos memoria: Los desaparecidos del Palacio de Justicia, 2014).
Luego de casi 12 horas de combate, la fuerza pública obtuvo la ventaja completa de la situación cuando acorraló a los guerrilleros y a varios de sus rehenes. Fue entonces cuando se conocieron las súplicas que hizo por vía telefónica, Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, desde uno de los baños donde aguardaba junto con otros prisioneros. Pidió dramáticamente un cese al fuego por parte de las autoridades.
Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes… He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente, pero él no está. No he podido hablar con él (Revista Semana, 2015).
Los acontecimientos de los días 6 y 7 de noviembre transcurrieron de forma violenta. En el suceso murieron 98 personas, varias no fueron identificadas y once desaparecidos, entre ellos:
-
Carlos augusto Rodríguez Vera, estudiante de derecho y administrador de la cafetería.
-
David Suspes Celis, estudiante de Ingeniería de Alimentos y Chef en la cafetería.
-
Cristina del Pilar Guarín Cortés, licenciada en Ciencias Sociales y cajera de la cafetería.
-
Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán, meseros de la cafetería.
-
Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, con siete meses de embarazo, ayudantes de cocina.
-
Irma franco Pineda, estudiante de derecho y guerrillera del M-19.
-
Carlos Horacio Urán Rojas, Asistente del Consejo de Estado.
-
Luz Amparo Oviedo de Arias, visitante ocasional del Palacio de Justicia.
Algunas de estas personas, según los registros fílmicos de la época, salieron vivas del Palacio custodiadas por soldados; fueron llevadas, unas al museo Casa del Florero, otras a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, y otras al Centro de Interrogación Cantón Norte, por órdenes del Coronel Alfonso Plazas Vega. Aunque se encontraban presuntamente a “salvo”, ninguno regresó para reencontrarse con su familia y hasta el día de hoy, sus restos continúan desaparecidos.
Sobre esto, cuatro años después de la masacre el testigo perdido, Ricardo Gámez Mazuera, quien para ese entonces era agente de inteligencia del Estado, declaró ante la Procuraduría General de la Nación que “el señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió de las instalaciones y fue llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí lo enviaron a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe". Esto con el fin, de castigar al supuesto cómplice del M-19.
También confirmó que el administrador fue sometido a torturas durante cuatro días, sin consumir ningún alimento ni bebida, Mazuera (1989) “fue colgado varias veces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego se las arrancaron. Él siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo” (párr.14).
En cuanto a lo sucedido con Irma franco Pineda, guerrillera del M-19, fue liberada viva de acuerdo a los testimonios recopilados, sin embargo, acorde a la grabación que existe como evidencia, se comprobó que el coronel Luis Carlos Sadovnick dio la orden a Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del Bloque 02 del Ejército, de asesinarla, indicando que ‘si aparece la manga, no aparezca el chaleco’.
Según el abogado de derechos humanos, Germán Romero, en la Casa del Florero se estableció el puesto de tortura al mando del Ejército Nacional. Allí ejercían el mando los comandantes Arias Cabrales y Sánchez Rubiano, junto con el Coronel Alfonso Plazas Vega, (Hagamos memoria: Los desaparecidos del Palacio de Justicia, 2014).
Existen muchas preguntas en torno al caso, una de ellas y tal vez la más importante es ¿por qué si el M-19 había anunciado con anterioridad sus planes de irrumpir en las instalaciones del Palacio de Justicia, no hubo reacción alguna por parte del Gobierno?
Cierta aseveración se encuentra argumentada en la publicación que hicieron el 18 de octubre de 1985 los periódicos más reconocidos del país como El Tiempo, El Bogotano o El Siglo, quienes informaron de un aparente plan del Movimiento 19 de Abril (M-19) para ocupar el Palacio de Justicia .
También, un mes antes de la toma oficial, el Ministro de Defensa de la época, el General Miguel Vega Uribe, reveló en una intervención ante el Senado, el contenido de un texto anónimo enviado directamente al Comando General de las Fuerzas Armadas, el cual indicaba que el M-19 planeaba tomarse las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia el 17 de octubre, con el fin de exigirle al Gobierno nacional la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos.
Era un crimen anunciado y a pesar de ello, la seguridad en el Palacio de Justicia aquel 6 de noviembre fue ineficiente. Las Fuerzas Armadas ignoraron los avisos del grupo guerrillero, pero, aun así, estaban preparadas para enfrentarlo todo. Se puso en marcha el plan denominado “Operación Rastrillo”, de donde partió el desenlace cruel y dramático de la historia.
En torno a lo sucedido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017 emitió una resolución en la cual señaló al Estado colombiano de ser el responsable de los hechos, de la violación de derechos humanos y de las desapariciones.
Nunca se sabrá con exactitud el porqué de lo ocurrido, ni el motivo por el cual los militares ejercieron presión sobre los rehenes, del porqué los secuestraron y los torturaron de la forma que lo hicieron. Tampoco se sabrá, por qué después de 33 años las familias siguen sin saber del paradero de sus familiares desaparecidos.
Conmemoración 30 años de la Masacre de la
Rochela, 18 de enero de 2019. Foto: Camilo Castillo
Masacre de la Rochela
El 18 de enero de 1989 Colombia fue testigo de uno de los ataques más impactantes que ha sufrido la rama judicial hasta el momento.
Una comisión judicial de quince funcionarios de San Gil y Bogotá fue enviada al corregimiento La Rochela, Santander- corazón del Magdalena medio, con el fin de investigar una serie de crímenes, homicidios, desapariciones y masacres, ocurridas en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, entre 1987 y 1988.
Una vez llegaron al lugar, un grupo aproximado de 40 hombres pertenecientes a las Autodefensas de Puerto Boyacá, se hicieron pasar por guerrilleros y les indicaron a los integrantes de la comisión que se acercaba una guerra contra el ejército, les ordenaron cambiar el camino. Luego de recorrer unos kilómetros, les hicieron detener los vehículos, los bajaron, los amordazaron y horas más tarde los asesinaron.
Melisa Perafán y Valentina Garzón, hijas de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asesinados en extrañas circunstacias.
Asesinatos judiciales
La otra cara del conflicto
La violación generalizada en términos de Derechos Humanos y la violencia sistemática que cada vez se expande y acentúa en muchos sectores de nuestro país, no ha sido un tema indiferente al poder Judicial Colombiano, que ha decidido y actuado en torno a un contexto de guerra que ha dejado un número inimaginable de heridos, muertos, desplazados y secuestrados en todo el territorio nacional. Esto, sin contar con la terrible aflicción que ha dejado este flagelo en los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Por ello se creó la Corporación Fondo de Solidaridad de los Jueces Alemanes con los Jueces Colombianos Víctimas de la Violencia - Rama Judicial, FASOL, una organización sin ánimo de lucro, creada en 1990 luego de lo ocurrido en la masacre de La Rochela y que, ha brindado su apoyo a la recuperación integral de las familias de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial asesinados, secuestrados o amenazados, por estar en función de sus actividades laborales.
La entidad ha seguido minuciosamente las acciones violatorias en contra de sus empleados, y según sus registros e informes, el conflicto armado interno ha dejado una cifra aproximada de 308 funcionarios asesinados entre 1989 y 2015. También, un número de 611 personas amenazadas y 40 exiliadas, 129 atentados, 40 desapariciones, 45 secuestros, 25 judicializados y 35 desplazados.
La violencia contra los funcionarios judiciales puede llegar a ser una clara retaliación por su accionar laboral. Algunas de las acciones violatorias anteriormente mencionadas, han sido provocadas por varios actores armados y carteles de narcotráfico existentes en el país, quienes en primer lugar, amenazan para intimidar a sus víctimas y provocar así, que actúen de acuerdo a sus intereses; y en segundo lugar, asesinan, si los funcionarios se niegan a cumplir sus deseos.
Estas formas de intimidación provocan que la estructura judicial no pueda desempeñar su labor de la forma correcta, ni tengan independencia en sus investigaciones, como bien lo afirma (Silva, 2010) “lleva a que el juez sea una figura decorativa, incapaz de cumplir su función social, debido a que sólo soluciona casos de menor impacto por el temor de perder la vida o de ser objeto de agresión por los actores armados” (p. 99)
Entonces son los homicidios, atentados y las amenazas, los mecanismos de presión más utilizados por estos actores armados para fortalecer su poder. Han sido Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares y narcotraficantes, los responsables de al menos el 99% de las acciones violatorias perpetradas a la Rama Judicial en todo el territorio nacional.
Las estadísticas demuestran que entre el año 2000 y 2006 fueron asesinados 8 funcionarios judiciales, y otros tantos entre 2014 y 2008, unos casos desconocidos, en tanto que otros no se derivan precisamente del cumplimiento de sus funciones (Silva, 2010).
Algunos de aquellos casos se describen a continuación.
Ramiro Garzón, agente del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, fue secuestrado por las FARC el 25 de Agosto del 2000, su cuerpo sin signos vitales fue hallado el 30 de agosto del mismo año. Las razones por las que se llevó a cabo el crimen aún se desconocen, sin embargo, según el testimonio de su esposa, María del Pilar Rodríguez, él nunca fue víctima de amenazas ni atentados en su contra, aunque se encontraba realizando investigaciones sobre delitos cometidos por grupos al margen de la ley, lo que determinó su partida.
Wilson Armando González era un fiscal especializado de Tumaco y agente del CTI. Fue asesinado por las FARC el 10 de septiembre de 2005. Formaba parte de una comisión judicial que efectuó una operación antinarcóticos en una zona rural de la ciudad. Allí se destruyeron dos laboratorios donde se procesaba coca y decomisaron cerca de 5.000 cartuchos para fusil.
Hugo Hernán Perafán Gómez, investigador balístico del CTI, fue atacado en su casa frente a su familia, por un sicario llamado Daniel Enrique de los Reyes Fuentes, quien pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y seguía las órdenes de un narcotraficante que operaba en la región del Meta. Él le propinó dos disparos contundentes al funcionario que le provocaron la muerte.
Ante estos hechos, es importante mencionar que, a la fecha no se han condenado a los responsables, tampoco se han presentado avances en los casos, o por lo menos, ese es el caso de Hugo Perafán.
Es preciso indicar que los actores armados y narcotraficantes, no solo han intimidado por medio de asesinatos y amenazas: también han optado por utilizar diversas formas de cooptación o infiltración mediante congresistas o funcionarios públicos para seguir teniendo el control de las decisiones judiciales que se toman en el país y facilitar su accionar criminal.
Ésta hace referencia, por una parte, a la incidencia política de esos actores criminales en los procesos de selección y conformación de la planta de funcionarios judiciales con el fin de que ella sea constituida por personal que actúe conforme a sus intereses de forma directa o indirecta, o por lo menos que esté integrada por personas que incidan significativamente en su funcionamiento interno en puestos de mando o de control, o que tengan acceso a la información privilegiada que allí se procesa, con el fin de planear y ejecutar estrategias de impunidad que favorezcan sus actuaciones criminales. Otros de los métodos empleados por estos actores han sido el soborno de funcionarios y algunas formas de corrupción (Silva, 2010, p.108)
Los ataques directos e indirectos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía, deja en evidencia cuál es la otra cara del conflicto. El accionar delictivo de estos grupos al margen de la ley contra este poder estatal facilita su camino criminal y evita que se descubran las raíces de sus delitos. De ello el país fue testigo en la toma del Palacio de Justicia y en lo acontecido en la masacre de La Rochela, hechos en los que participaron de manera activa algunos miembros del Ejército Nacional Colombiano. Planteamiento del problema.